sábado, 23 de febrero de 2013


LA DELICADA RELACION CAMPO-GOBIERNO EN EL CONTEXTO DE TENSION CAMBIARIA E INFLACIONARIA.

UN POCO DE RESEÑA.

La delicada relación campo-Gobierno nunca ha podido recomponerse desde la famosa RE125 impulsada por Lic. Martín Lousteau y el “no positivo” voto de Julio Cobos.

En mi caso particular, vivo el análisis diario y la dinámica del sector muy de cerca y casi on-line. Me es fácil considerar los aspectos que estarían rodeando esa tirantez. Y lo cierto es que lo que pareció una tregua en algún momento entre 2008  y hoy: nunca lo fue. En rigor: en ese intervalo existieron otras cuestiones que parecieron volver a generar un punto fuerte de conflicto, pero que al no haber terminado nunca de emerger concretamente, se fueron desvaneciendo en cada caso. Creo que mucho de esa “rápida recuperación de quietud” tiene que ver el optimismo, más allá de la volatilidad, observado en el mercado de precios internacionales.

Bien, entonces: entre la RE 125 sucedida por la maratónica sesión del Senado que terminara con ese voto ambiguamente manifestado por el Presidente de dicha Cámara, no hubo paz sino solo un escenario menos complicado para ambos actores que el que podía presumirse. El Gobierno no se encontró con presiones de liquidez que podía preverse, siguió manejando con cierta discreción las variables macro, manteniendo distorsiones con posibles graves efectos de mediano y largo plazo, en pos de no afectar el consumo y el mercado interno en el corto plazo.

El sector agrícola por su parte (con el que más ha confrontado el Gobierno, por encima del vacuno y el lechero, por ejemplo) salió de una seca importante (campaña 2008/2009) y convivió con correcciones de oportunidad en costos (campaña 2009/2010), precios internacionales recuperando solidez y un clima aceptable.


…Y LAS AGUAS VUELVEN A AGITARSE.

Hasta que la campaña agrícola 2011/2012 empezó a revelarle a este sector algunas cuestiones, a saber:

a. tipo de cambio atrasado,

b. costos crecientes en dólares,

c. seca geográficamente generalizada,

d. dificultades de siembra en campaña 2012/2013 por exceso de humedad post-seca,

e. incertidumbre sobre nivel de producción final del país (particularmente en soja) con zonas en buenas condiciones pero otras no tanto con necesidad de lluvias en estadios clave.

f. pérdida de capital líquido por erosión inflacionaria.

 
E, inclusive: todo ese entorno con un período de 4 meses de excelentes precios en la oleaginosa que llegara allá por septiembre 680U$s/TN Chicago.

 Y lógicamente, pasados los eventos que presionan sobre las distintas posiciones del año: los precios volvieron a niveles más normales, los costos siguieron subiendo y la nueva campaña preocupa más de lo que debería.

Por su parte, sector lechero y cárnico con costos crecientes y precios inmóviles conviviendo con una ecuación de rentabilidad en franco declive.

Para el caso del agrícola y en el contexto mencionado más arriba (puntos a. a e.) si el productor dejara su capital (el principal y en algunos único que tiene) a la exposición de la variación de precios internos (inflación) estaría soportando un consumo incoherente de poder de compra para la campaña siguiente. De manera que respecto de granos viejos (2011/12) en stocks, los productores los conservan esperando una cuestión principal que es la corrección del tipo de cambio, la que se encuentra gravemente atrasada.

Un punto: el dólar del agro es de $ 3,26 por efecto de las retenciones. O dicho de otro modo: el productor no capta los u$s 530 por tonelada de Chicago, sino aproximadamente u$s 340 (Pto. Rosario).

Y el Gobierno, urgido por ingresos fiscales y de divisas que permitan apostar a una administración más discrecional del tipo de cambio sin nuevos sacrificios de Reservas Internacionales, presiona a los productores para que vendan. Quiere un año tranquilo en materia de tipo de cambio. Al menos, quiere ser él (el Gobierno) quien decida el ritmo de devaluación y no el mercado sobre oferta y demanda derivada de ventas y compras externas del país.

Intereses claramente encontrados en este punto y ente estas cuestiones debería haber una solución política, si es que, como tanto se dice, es “el arte de lo posible”. Pero ni uno (sector) ni otro (Gobierno) parecen tener capacidad de sentarse 1 minuto más en una mesa. Equivocaron el camino en las “mesas” anteriores. Interlocutores con “errores de timing” y ahora absolutamente “gastados” como para reanimar consensos. Además: sin ganas. Ah!: y posiblemente con los minutos contados en este 2013 que pinta ser muy especial.

Entonces, la “mesa no está servida”. Los comensales están agotados…y eso que no comieron nada.

Por un lado, el sector agrícola: porque sus interlocutores (¿los mejores?) se han sentado y levantado varias veces, con muchas promesas expuestas desde el sector político sin mayor suerte.

Por el otro lado, desde el Gobierno porque en 2013 se encontrará en la necesidad de analizar todo desde la consolidación de poder. En ese marco, el sector agropecuario ha sido un verdadero inconveniente que ha llenado los diarios, radios y programas de televisión de reclamos (incluso antes en el tiempo y con mayor frecuencia general que el relativo al Mínimo No Imponible en el Impuestos a las Ganancias). Y de esa manera, creo: ha considerado al agro directamente como opositor cual partido político y no un actor fundamental de la economía.

Parece ya no interesarle al Gobierno el hecho que, en concreto, haya sido gran responsable de la recuperación del país post-crisis 2001 vía producción e ingresos genuinos de divisas; posteriormente de la provisión regular de divisas e ingresos fiscales, de recuperación de las economías regionales y de la liquidez volcada en el fortalecimiento del sector de la construcción (p.e.).

De ahí que sean recurrentes los términos como “yuyito verde”, “el piquete de la abundancia”, “piquete de las 4X4”, “oligarquía agrícola” y demás.

También, a mi juicio, cierto es que hay entidades del agro representadas pública y mediáticamente por personas que además de no haber sabido establecer la agenda o negociarla con eficacia, son atacables con facilidad por parte del Gobierno (mediáticamente) en el sentido en que resultan fácilmente atribuibles de intereses propios egoístas (políticos o económicos). O, a veces, observando en algunos dirigentes una movilidad geográfica a velocidad de la luz, a priori incongruente con el perfil de ese productor concreto o de la entidad. Todo lo cual habilita emitir sospechas y así imponerlo en medios: como, por ejemplo: que no van por la mayoría los productores sino que serían “bancados” por los “grandes pooles” (tal como suele expresarse).

No es necesario dar ejemplos, yendo desde la entidad que nuclea posiblemente a los productores más pequeños hasta la más histórica que nuclea a los más grandes.

Pero antes de pasar a desarrollar el asunto, dejo planteadas las siguientes preguntas casi éticas: ¿puede un Gobierno cualquiera obligar a una persona a vender el fruto del trabajo?. Incluso quienes planteen que la respuesta no puede ser absoluta y que tiene sus excepciones: ¿es ésta una de esas excepciones?. En tal caso: ¿Por qué?. A esas excepciones ¿qué presupuestos deberían fundarlas?.

De todos modos repasemos antes los “temas” que conformaron esta agenda de confrontación.


LOS TEMAS “AGITADORES” EN LA RELACION “GOBIERNO-CAMPO”

Lo cierto es que quien está en la producción percibe realmente un escenario complejo en el cual tomar decisiones. Desde el marco interno, se ven muchos factores en contra y al final, parecería que lo optimista solo proviene del mercado externo.

La verdad que yendo hacia atrás en el tiempo y remontándonos a la salida de la Convertibilidad, excepto la pesificación asimétrica y la corrección del tipo de cambio que fueron claramente favorables al sector; las demás medidas se dirigieron casi totalmente a tener al agro como el “proveedor” de soluciones financieras, sea para apalancar el crecimiento (economías regionales, maquinaria y servicios agrícola, construcción) como a través del exceso de divisas que generaba como para fortalecer el poder político (dólares al BCRA y caja al Tesoro).

Y en el plano impositivo las medidas han sido en concreto complejas. Aún cuando en algunas de ellas pueda existir el fundamento, válido y legítimo, de propiciar una modernización en la relación fisco contribuyente que mejore la capacidad de fiscalización y determinación de la materia gravable por parte del Fisco. Veamos, desde 2003 para acá:

a.     “Ninguneo” en la cuestión del ajuste por inflación impositivo, que grava “ganancias ficticas” por efecto revalorización de activos no monetarios en los balances de empresas agropecuarias

b.    Diferencial de tasas de IVA en la cadena, generando una gran acumulación de saldos a favor de IVA, que no son otra cosa que un préstamo al Estado a tasa 0.

c.     Profundización de la presión en la cadena agro-comercial, con costos trasladables siempre al eslabón más débil de dicha cadena: el productor primario.

d.    Agravamiento del Régimen de retención sobre comercialización de granos, acentuando la acumulación de los mismos saldos a favor, que no por ser de libre disponibilidad resultaron totalmente utilizables en la práctica.

e.     Profundización del Registro Fiscal de Operadores de Granos, a priori importante para modernizar la relación AFIP contribuyente, pero dotado de procedimientos con exceso de prerrogativa en favor del Fisco, otorgándole facultades que con un pequeño exceso discrecional se exceden rápidamente y con efectos graves.

f.     Los diversos esquemas a observar para informar circuitos de la cadena de comercialización agrícola antedicha, que para algunos productores implicó colocarlos en situación de exclusión del Régimen antes mencionado.

g.    Restricciones en la comercialización de trigo y maíz.

h.     Restricciones en la comercialización del sector ganadero y de carnes.

i.      Intervenciones en el mercado lechero con efectos no deseados para el productor

j.      Sumándose las provincias también en ítems similares a los mencionados en este inciso, principalmente lo relacionado a procedimientos en comercialización y carga tributaria excedente

k.     Y las provincias, incrementando presión tributaria sobre insumos del agro, incluidos propiedad rural, Impuestos de Sellos e Impuesto sobre Ingresos Brutos derivados de arrendamientos que se trasladan a valores de arriendo.

l.      El mantenimiento a partir de 2008 de un tipo de cambio bajo, de atraso progresivo, evidentemente como “ancla” anti inflacionaria frente a otras variables macroeconómicas menos manejables como la expansión fiscal y el crecimiento de los salarios.

m.   Poca o ninguna inversión en logística para el agro, desde las arterias destinadas a transporte hasta las condiciones portuarias.

 
       Posiblemente olvide algunos otros puntos. Realmente no son pocos y, objetivamente, todo indica que deberían ser de consideración por parte del Gobierno desde una óptica más abierta en el análisis y sin un “check-list” previo sobre ítems predeterminadamente declarables como un “NO” al pedido.

 
…Y ENTONCES…

      Y ENTONCES: pienso que el Gobierno debería abrir las puertas de los temas con mayor convicción y no meramente como una novedad mediática destinada a señalar solo que “las puertas están abiertas”. Por su parte, el sector debe definir con claridad una agenda, darle marco y fundamento técnico, hacer docencia con mayor claridad ante la sociedad y ante los referentes del Estado.

Y para ello, pienso: el agro debe buscar interlocutores menos “gastados” mediáticamente. La verdad que quienes forman parte del sector perciben o están viendo que los que operan como sus “cancilleres” frente al problema, no tienen hoy la capacidad para reinstalar la agenda y darle impulso.

A la larga, todo termina en un juego de suma 0 (o incluso de resultados verdaderamente negativo): Sector y Gobierno. Aquél porque intenta con los mismos jugadores. Éste porque contesta con los mismos prejuicios.
 

Y EN ESTE MOMENTO: ¿PUEDE EL GOBIERNO OBLIGAR A VENDER EL FRUTO DEL TRABAJO?

Todo indica que deberíamos encontrarnos con una respuesta obvia. NO: NO PUEDE. Con solo leer la Constitución es suficiente. Ni siquiera so-pretexto de tensiones en el mercado cambiario.

El fruto del trabajo de un productor, los granos, los animales, etc., son exactamente iguales como resultado del proceso productivo a los frutos del trabajo de un fabricante de ladrillos (stock de ladrillos), de un fabricante de productos metalúrgicos (stock de tabiques y estructuras metálicas), de un fabricante de alfombras o de un fabricante de autos.

El dinero es una mercancía. Entiéndase por favor. La diferencia con las demás mercancía, es que es la única que pueda cambiarse por cualquiera de las otras indistintamente.

Pero en esencia, cuando uno compra algo por lo que está entregando al vendedor “dinero” por un “producto”, en el fondo lo que está sucediendo es que una y otra parte de la operación entrega mercancía. O para ser más correcto: bienes.

Un productor de ladrillos necesita el dinero para que el circuito productivo que lleva adelante no se frente y el que compra ladrillos lo necesita para construir, por ejemplo.

El productor (industrial) de ladrillos normalmente toma el dinero, define su demanda regular, estima stocks para responder al mercado, paga sueldos, proveedores, impuestos y recompra mercadería para seguir el circuito pero guarda dinero en efectivo para contingencias u oportunidades en el marco de su empresa.

Ahora bien: ¿qué pasa cuando se convive en un contexto inflacionario?. El circuito que ejemplifiqué toma otras particularidades.

De la inflación resulta la pérdida de poder adquisitivo de la moneda de curso en un país.

Retomando lo antes mencionado en cuanto a que el dinero es una mercancía más, un bien más: esa pérdida de poder adquisitivo deriva en menor capacidad de compra de las otras mercancías o los otros bienes. A continuación, provoca que la gente pretenda tener MENOS de la “mercancía/bien” dinero nacional y MÁS de cualquiera del resto de las “mercancías/bienes”. Y, por supuesto, debe considerarse también que dentro del resto de las “mercancías/bienes” se encuentra la moneda extranjera.

En definitiva, el productor de ladrillos ejemplificado antes termina haciendo algunos ajustes a su circuito económico, en pos de preservar la sustentabilidad financiera de su empresa y evitando terminar en bancarrota. Y (a grandes rasgos) ajusta buscando tener menos disponibilidad de la mercancía “dinero”, pues el uso que supuestamente le daba según el circuito descripto antes, pierde sentido ante la variabilidad de los costos de reposición para su empresa. Simultáneamente busca tener más disponibilidad de la “mercancía” stock de productos (en su caso ladrillos). Incluso, buscando cubrir la pérdida de poder adquisitivo y ante la presumible cobertura que ofrecen otras “mercancías” puede intentar comprar la denominada “moneda extranjera”, que en cualquier país libre debería ser adquirida sin inconvenientes salvo emergencias puntuales, realmente excepcionales y de corto plazo.

Demás está decir que un comportamiento propio del ser humano (aplicación de los alertas a la supervivencia) tal como el que acabo de describir es en definitiva PROTEGER LA PROPIEDAD. Y es absolutamente coincidente con los preceptos de nuestra Constitución.

 Pero cierto es también que, ese mecanismo de defensa, extendido a la generalidad de los agentes económicos (incluso los consumidores van a grandes mayoristas y “stockean” sus alacenas), termina retroalimentando el contexto. Retroalimentación que se suma a ciertas acciones sin dirección eficaz versus el asunto.

En ese marco de contexto inflacionario, protección de la propiedad y cobertura: ¿en qué difiere el productor agrícola del “industrial ladrillero”?. ¿Es más avaro y más egoísta?. ¿Es un apátrida?

No parece. Es un agente económico más (como el industrial, el financiero, el consumidor, etc.) Toma similares decisiones ante escenarios similares, como los demás agentes económicos. En analogía con el ejemplo, “stockea” granos (el fruto de su trabajo) versus el “stockeo” de ladrillos (fruto del trabajo del industrial-ladrillero).

Pero el marco dá la sensación de que en algo difieren: lo que el productor “stockea” LEGÍTIMAMENTE, tiene impacto en el sector externo y en la oferta y demanda de divisas. En rigor, como el “stockeo” es transitorio, tiene efecto sobre las necesidades del Gobierno respecto de los momentos en que, por estado de situación del balance de divisas o por expectativas devaluacionistas, necesita hacerse de ellas. No en el mediano plazo.

Y digo transitorio porque dependerá siempre del juego variación del tipo de cambio versus inflación anual.  Si el tipo de cambio se mueve menos que la inflación (como lo ha hecho desde 2007 para acá), es posible que el productor decida vender y hacerse de “otra mercancía” que copie mejor el tipo de cambio real mencionado.

Igualmente, hoy, cierto es que todos tenemos la sensación que el atraso cambiario no dá para más, cuestión que se exterioriza en el denominado “paralelo”. Y aunque este mercado de dólares es chico como para ser referencia real de la oferta y demanda de divisas, refleja las expectativas de todos respecto de la paridad cambiaria. Además que acelera fuga de capitales, “seca la plaza”, encarece el dinero y afecta la inversión.

Ahora bien, aún cuando pueda tildarse al caso de los stocks agrícolas como de “interés nacional” (la retórica se ha transformado en el canal discursivo) por efectos macroeconómicos derivados del mercado de divisas: ¿puede el Gobierno obligar, presionar o extorsionar para liquidar stocks granarios y derramar liquidez al mercado de divisas?. NO. Verdaderamente NO. NO PUEDE ACCIONAR ASÍ. NO TIENE LEGITIMIDAD, NI LEGAL NI DE HECHO.

En primer lugar porque ese stock de granos es centralmente el fruto del trabajo del productor. Éste fue quien decidió sentarse con un propietario de tierras para arrendar, sentarse con un Ing. Agrónomo para definir plan de siembras, sentarse con proveedores de insumos para comprar y aplicar, sentarse con contratistas para planificar y ejecutar las labores, seguir a diario el mercado internacional y local, sufrir con las fluctuaciones climáticas a las que se está acostumbrando, definir las ventas de sus productos y administrar la logística post-tranquera.

El PRODUCTOR enterró mucho dinero y riesgo “bajo tierra” todo un año. ÈL ES DUEÑO DEL FRUTO DE SU TRABAJO. Y paga los impuestos. ¡Y cómo!
 
       En segundo lugar, porque las decisiones y ejecuciones mencionadas YA PROVOCARON SU EFECTO POSITIVO en términos macroeconómicos y de impacto económico regional en empresas de insumos, de maquinaria, de talleres de reparaciones, de contratistas, de empresas de transporte, de personal de puertos, etc. Efecto positivo que se repite año a año más allá de ser ignorados los productores voluntaria o involuntariamente.

En tercer lugar, porque la necesidad de divisas en la que cae un Gobierno circunstancialmente es consecuencia de sus decisiones en política económica.

La especulación en economía y finanzas existe (existió siempre y existirá), es propia de la naturaleza del ser humano y es claramente una respuesta a la incertidumbre y el riesgo, no solo aplicable a los ámbitos mencionados. La especulación es cierta y concreta.  
 
Y si es cierta y concreta, existe y existirá siempre: DEBE SER UN “DATO DE LA REALIDAD” a considerar por quienes toman decisiones en el ámbito de las políticas públicas que influyen en la macro y microeconomía. No puede solo atenerse “castigarla mediática y socialmente” (más allá que es debatible esa susceptibilidad de castigo, caso por caso) y elaborar meramente acciones pretendiendo desconocer que los agentes económicos tomarán decisiones de cobertura (por llamarlas de alguna manera) ante el cambio esperado de variables. Es decir: desconocer el "dato" es una visión riesgosa e inocente.

 Entonces, me detengo en las acciones de política económica, su impacto en el entorno y la realidad actual con la que se convive:

       a)     el mercado de divisas se “tensa” a partir de determinado momento porque el tipo de cambio no refleja las variables que verdaderamente lo sustentan y se fija solo considerando la cuestión “inflacionaria”, pasando a ser un mero “ancla”,

b)    pero también, porque se observa un flujo de “caja” desde BCRA a Tesoro que provoca dudas sobre el real “poder de fuego” neto de la autoridad monetaria,

c)     se tensa porque los agentes económicos miran con suspicacias el balance del BCRA, sospechando acertadamente que allí no solo hay “reservas”, hay pasivos que van más allá de la mera base monetaria y por ende, sospechan sobre el valor del signo monetario,

d)    y se tensa en ese sentido porque la moneda extranjera es “una mercancía” y ante escenarios inflacionarios, quienes no tienen instrumentos de cobertura o sumas en pesos suficientes para adquirir ciertos activos, no tienen otra alternativa que adquirirla,

e)     se tensa porque el escenario internacional se encuentra muy volátil con paridades cambiarias que van variando diariamente en uno y otro sentido, al punto de advertirse los riesgos de “guerra de divisas” vía paquetes de estímulo monetarios y fiscales en los países centrales (ver última reunión G20)

         Ahora bien: los puntos a) a d) son parte de la política económica local; el e) es variable exógena para la política. ES TAREA DE LA POLÍTICA APORTAR CAMBIOS EN ESOS ÍTEMS, sin perjuicio de reconocer que cualquier medida en ese marco será poco popular. Y visto desde aquí, en general, poco propicio el momento pre-electoral 2013 como para avanzar en ello.
 
Por eso, considerando las últimas medidas de acuerdos de precios y presiones al sector agrícola para “persuadir” vender la soja y no stockearla, son acciones “de atajo” que no van sobre el problema de fondo pero intentan frenar el gran temor del año: el desborde inflacionario en pleno escenario de elecciones legislativas.

Son factores que claramente nacen de una perspectiva microeconómica de la inflación, totalmente desacertado en tanto es claramente siempre, aquí y en cualquier lugar del planeta, un fenómeno macroeconómico.

Esperemos entonces que esta operatoria desde óptica “microeconómica” respecto de la inflación sea un “atajo” para contenerla y pasar el trago electoral, así luego avanzar en medidas que se apliquen sobre el problema de fondo y que está en esos incisos a) a d) que comentaba antes.

El sector agropecuario no es responsable de la inflación como tampoco del aumento del dólar marginal y una eventual decisión de “guarda de granos” es solo una cobertura como el caso del “ladrillero” que ejemplifiqué más arriba.

Ojalá se pueda avanzar a una relación más sustentable entre las partes de aquí en adelante. Todo parece indicar que ambos se necesitan. Veremos como sigue.

jueves, 14 de febrero de 2013

EL MONOTRIBUTO: una opción tributaria con destino incierto

BREVES REFERENCIAS AL MONOTRIBUTO Y LOS OBJETIVOS DE SU CREACION

El régimen de Monotributo, en rigor denominado Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes nació en noviembre de 1998. Con su nacimiento despidió al otrora derivado del régimen simplicado de IVA, que técnicamente se lo denominaba de "Responsable no Inscripto".
Es simple recordar el slogan "fácil, muy fácil". Y por supuesto de la mano de ello "...ni siquiera necesitará contador".

El tiempo fue pasando y el régimen no fue generando la satisfacción esperada, particularmente desde la perspectiva del lado del organismo recaudador.

La primer pregunta: ¿qué expectativa debía satisfacer o qué objetivo cumplir?.

Iniciaré comentando que este tipo de regímenes simplificados existieron siempre en nuestro país y existieron siempre y existen tambien en otros países.

Desde el slogan creado, el sistema se "vendió" como un esquema simplificador al contribuyente y es dable afirmar que durante 10 años parece haberlo cumplido bastante bien. O al menos hasta 2007.

Pero más allá del slogan, el verdadero objetivo es de Administración Tributaria y lo que busca es reducir el uso de recursos de fiscalización sobre un sector de contribuyentes que, a priori, representan un porcentaje menor en la explicación de la recaudación total. Apelando también a que dicha simplificación conlleve un índice satisfactorio de ingresos por el impuesto.

Entonces, volvamos sobre los puntos principales: a) reducción de carga fiscalizadora y de administración de la recaudación para el Administrador Tributario (AFIP); b) inercia recaudatoria positiva por efecto simplificación.

Podemos pensar que, al menos al principio del régimen, la reducción de la carga fiscalizadora tuvo su efecto positivo. En el contexto de sistemas de control existentes entre 1998 y 2007 a disposición del Fisco para sus tareas de verificación del cumplimiento tributario, es de esperar que el régimen haya cumplido en cierta forma su objetivo.


ANALIZANDO EL IMPACTO DE LA RECAUDACION DEL MONOTRIBUTO EN LOS INGRESOS FISCALES TOTALES.

En cuanto a la inercia recaudatoria, no parece lo mismo. Observemos el siguiente cuadro:

RECAUDACION (EN/MILLONES)´99´00´01´02´03´04´05´06´07´08´09´10´11
MNT Comp.Imp.38535430222328349975786910631355155020932983
MNT Comp.Seg.Soc.2763223042312954565926627501014128626703097
MNT (IMP.) % REC.TTL.IMPUESTOS
´99´00´01´02´03´04´05´06´07´08´09´10´11
MNT Comp.Imp.0,97 0,930,840,620,550,690,870,820,780,780,820,830,89
MNT (SEG.SOC.) % REC.TTL.SEG.SOC.
´99´00´01´02´03´04´05´06´07´08´09´10´11
MNT Comp.Seg.Soc.1,631,941,981,721,772,052,081,651,341,281,312,051,76
MNT. (TuyOTAL) % REC.TTL.GRAL
1999200020012002200320042005200620072008200920102011
MNT TOTAL (Imp+SS)1,121,191,150,810,730,881,020,910,820,790,861,071,04

Es fácil observar cómo en relación a la recaudación total de impuestos, la del "componente impositivo" del Monotributo no superó nunca el 1%. Así como, por su parte, el "componente seguridad social" solo en 2005 y 2010 superó el 2% de la recaudación de recursos de seguridad social, coincidentemente ambos períodos con años de reforma que involucraron aumentos nominales de cotizaciones. En el resto de los casos logró un promedio de poco más del 1,50%.

En términos totales, finalmente, los ingresos fiscales por Monotributo respecto de la Recaudación Tributaria Total (Impuestos + Seguridad Social) lograron su mejor performance entre 1999 y 2001. Luego solo en 2005 y 2010 superaron apenas el 1%, por claro efecto aumento nominal de cotizaciones. Pero en promedio y en general, osciló alrededor del 0,85/0,95% de la recaudación total.

Si lo que buscó el sistema es impactar favorablemente en la recaudación total es porque se fundó en la hipótesis de mejora tributaria en el sector del universo de contribuyentes pequeños, como consecuencia de una simplificación de las normas.

Y como lo expresé antes, juzgar por los guarismos, no pareció ser notablemente favorable.

Incluso suponiéndolo favorable considerada la recaudación del monotributo individualmente, deberíamos preguntarnos si ella lo fue también, integrada en el marco del total de recaudación y de su vinculación con otros impuestos. En última instancia: si mejora el rendimiento de la recaudación vía ingresos con más la reducción esperada en los costos de gestión de la Administración tributaria por efecto simplificación.

Y en éste ámbito es dónde las dudas se fortalecen.


IMPACTO FISCAL DE LA RELACION ENTRE CONTRIBUYENTES MONOTRIBUTISTAS Y CONTRIBUYENTES DE REGIMEN GENERAL.

El monotributista es un agente económico que interactúa con contribuyentes de otras condiciones impositivas y suele ser particularmente en el área servicios la que representa una parte relativamente importante de las contrataciones que hacen inscriptos en IVA y Ganancias.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, aún cuando la ley limita vía porcentajes tope la deducibilidad de gastos contratados a monotributistas, la condición de "operación recurrente" no parece un gran obstáculo y generalmente se evita obteniendo la totalidad de computabilidad del item.

En primer lugar, porque el concepto de "recurrente" en cuánto a operaciones no es un concepto sencillo de definir y delimitar, excepto por su cantidad. En segundo lugar afirmar que de todas maneras, crear un régimen simplificado para luego castigarlo en desventaja de contratación con competidores que se encuentran en el régimen general es un contrasentido o cuánto menos, una discriminación injustificada.

Ahora bien, observando que la computabilidad del gasto por pagos a MONOTRIBUTISTAS finalmente se logra vía "operaciones recurrentes", se origina un ahuecamiento de la base imponible en dimensión importante.

Un sencillo ejemplo: excluyendo el componente de seguridad social, un monotributista que factura hasta $ 72.000 por año se encuentra en categoría E y si es de servicios, abona $ 210 por mes. O sea: $ 2.520 por año.

Ese monotributista contratado por una sociedad anónima, vía deducibilidad del gasto en el balance (sorteada la limitación de operaciones recurrentes), genera a ésta un ahorro fiscal en el Impuesto a las Ganancias equivalente a la tasa del impuesto por la totalidad del gasto facturado. Supongamos que ese monotributista realizó solo operaciones con esa sociedad, el ahorro fiscal es de 35% x $ 70.000 = $ 24.500.

Resultado fiscal para el Estado: monotributista paga $ 2.520 e inscripto ahorra $ 24.500.

Y este tipo de esquemas dá lugar también a la planificación fiscal, amén que el aporte del régimen general de autónomos es muy superior al sustitutivo que abona para seguridad social el monotributista.

Allí parte la mediática frase de nuestro Administrador Federal como de "ahuecamiento de la base" y el perjuicio fiscal que percibe y que lo lleva a profundizar en medidas de seguimiento, exclusión y recupero de universo de contribuyentes en el régimen general.


CHAU SIMPLIFICACIÓN.

Al "ahuecamiento" que se hizo referencia recién y su perjuicio fiscal, se suma el hecho que hoy AFIP cuenta con mayores herramientas para seguimiento de contribuyentes. La razón principal tenida en mente cuando nació el régimen, esto es: "simplificar para ahorrar costos fiscalizatorios de un sector de los contribuyentes"; hoy puede ser suplido en gran medida por cruce de bases de datos, regímenes de información y regímenes de recaudación (retención o percepción).

Buscando "aggionarlo" AFIP fue agregando deberes formales de información a cargo de los monotributistas, que terminó transformándolo el sistema en algo a veces más complicado que el mismísimo régimen general para el nivel de contribuyente objetivo.

El contribuyente ya no vé claramente aquéllo de "...simple, muy simple...", más bien todo lo contrario. Y además, como lo demostrara el año 2012, un nivel de persecución fiscalizadora notable vía cruces de datos. Desde hace un tiempo ya las declaraciones juradas informativas, la obligación de emitir factura electrónica para ciertas categorías y desde el año pasado: los mecanismos de exclusión vía cruces con acreditaciones bancarias, gastos con tarjetas de crédito, compras de bienes registrables y viajes al exterior. Un cocktail de medidas dirigidas a complicarle el panorama al contribuyente.

Por nuestra parte, los contadores se encuentran tambíén en niveles de hartazgo respecto de este régimen, pues no solo se incrementó la tarea contable-impositiva asociada al mismo sino también el hecho que, a nivel honorarios (y solamente ese nivel) los monotributistas siguen "convencidos" de que el régimen es simple como al inicio.

Finalmente, vía análisis ahuecamiento de base y reemplazo de simplificación fiscalizadora por capacidad informática de seguimiento, todo parece indicar que AFIP está viendo con buenos ojos que el régimen siga perdiendo presencia.

E independientemente de los actores mencionados (contribuyentes mismos, contadores y AFIP), una inflación anual que, tomada desde información pública estimada sobre lo que manifiestan ciertas consultoras y departamentos de economía de sendas universidades, llegando nuevamente al 25% anual como mínimo; hará directamente inviable el régimen vía parámetro de facturación o control de exclusión vía gastos operativos.


DE AQUÍ EN MAS ¿QUÉ PASARÁ CON EL RÉGIMEN?.

¡Cómo saberlo!, en un país en que la política fiscal y su política tributaria resulta muchas veces de caprichos políticos. Pero hay que extrapolar escenarios un poco y tratar de ver el destino del mismo.

Salió en medios un proyecto de la UCR dedicado a plantear modificación de parámetros en las escalas de ingresos, a los fines de categorizar, de modo que no se produzca una situación de masiva exclusión.

Sin perjuicio de ello, especulo con que vía análisis de AFIP el oficialismo no tenga previsto ni prevéa modificar la ley. Es que estimo no hay certeza siquiera de que exista rédito político con ello, más allá que de todas maneras, se considere inviable al monotributo a esta altura por las razones mencionadas antes.

Pero todo es posible (los caprichos de los que hice referencia antes).

Si con los datos "en mano", el análisis aquí hecho y la evolución del régimen en cuanto a sus complicaciones, tuviera que "jugarme" por un destino para el MONOTRIBUTO, intuiría que  mantendrá su vigencia aunque será viable solo para realmente pequeños contribuyentes como pueden ser docentes particulares que deban facturar, plomeros sin personal, electricistas sin personal, pintores, fleteros sin personal, etc. Verdaderamente pequeños contribuyentes.

Sin embargo: a la larga claro, incluso en ese ámbito más reducido de aplicación, si no se modifican las categorías ni siquiera será viable para éstos por efecto inflacionario.